El desarrollo va de la mano con la justicia ambiental; es decir, solo es legítimo si cuida el agua, protege la salud y toma decisiones transparentes con las comunidades. Un proyecto trae “progreso”, pero deja a la gente con miedo a su agua o con enfermedades que antes no tenía, eso no es progreso.
Eso es desigualdad disfrazada de crecimiento. Y en el Perú esa desigualdad se siente más fuerte lejos de Lima, donde muchas comunidades conviven con polvo, ruidos, relaves, camiones, ríos tensionados y un Estado que a veces llega tarde o llega a medias.
Cuando hablo de justicia ambiental, hablo de vida cotidiana: del vaso de agua que toma un niño, de la chacra que necesita riego, de la posta que no debería llenarse por causas prevenibles. Por eso sostengo que la justicia ambiental pone la dignidad al centro: no porque suene bonito, sino porque sin dignidad no hay paz social, y sin paz social no hay inversión sostenible.
Justicia ambiental: Hacía donde vamos
Para mí, justicia ambiental significa algo concreto: que todas las personas tengan el mismo nivel de protección, vivan donde vivan. No puede ser que en unos lugares el estándar sea “cero riesgo” y, en otros, el estándar sea “aguanten nomás”. Ese doble rasero es una forma de discriminación territorial que se normaliza con frases como “así es la zona” o “siempre ha sido así”.
Desde el enfoque de derechos humanos, el Estado tiene obligaciones claras. Lo dice la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando recuerda que el derecho internacional “obliga a los Estados a trabajar para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento para todos, sin ninguna discriminación”. Si el agua es un derecho, entonces protegerla no es un favor, es un deber.
Agua segura: Justicia y desarrollo
He visto cómo el debate se enreda en términos técnicos y la gente se queda fuera de la conversación. Yo lo traduzco a algo simple: si no hay agua segura, el resto se cae. Se cae la salud, se cae la escuela (porque el niño falta), se cae el trabajo (porque el adulto se enferma), se cae el bolsillo (por medicinas), y se cae la confianza. El agua es el punto de quiebre entre un territorio que avanza y un territorio que se rompe.
La Organización Mundial de la Salud lo explica con claridad, sin vueltas: “El agua para consumo humano contaminada con microbios puede transmitir enfermedades diarreicas, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis.” Cuando una comunidad empieza a dudar de su agua, lo que aparece no es solo preocupación: aparece miedo, gasto, desgaste y rabia. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para el conflicto.
Salud y medio ambiento protegidos
El error más común es creer que la salud se protege “compensando” cuando el daño ya ocurrió. Eso no funciona. Si un niño se enferma, si una madre deja de confiar en el agua, si un agricultor pierde su cosecha por una fuente afectada, la vida no vuelve atrás con un cheque. Por eso yo insisto en la prevención: estudios serios, monitoreo que se entienda, respuestas rápidas, fiscalización real y sanciones cuando corresponda. La regla debería ser: si no se puede controlar el riesgo, no se debe avanzar como si nada.
Te pongo un ejemplo cercano: cuando una operación o actividad se instala cerca de una cuenca, suele prometer empleo y dinamismo local. Perfecto. Pero si en paralelo suben las consultas por diarreas, si el ganado cambia su comportamiento porque el agua “huele raro”, o si la comunidad empieza a comprar agua embotellada porque perdió confianza, el supuesto beneficio se convierte en un costo permanente para familias que ya tenían poco margen. Ese es el tipo de “progreso” que yo no acepto, porque se sostiene sobre la vulnerabilidad de los mismos de siempre.
Decisiones transparentes con comunidades
La transparencia no es llenar una sala y tomar lista. Transparencia es que la comunidad reciba información completa, a tiempo y en un lenguaje que pueda comprender; que se publiquen datos verificables; que existan canales de queja que respondan; y que el diálogo tenga consecuencias reales. Si la participación no cambia decisiones, entonces no es participación: es trámite social.
He visto conflictos nacer no porque la gente “no quiera el desarrollo”, sino porque se sintió engañada o ignorada. Cuando el Estado no explica, cuando una empresa comunica tarde, cuando los compromisos se vuelven vagos, la desconfianza crece. Y una comunidad desconfiada no es un obstáculo: es una señal de alerta de que el proceso está fallando. El equilibrio verdadero se logra cuando el territorio siente que su voz cuenta y que su agua y su salud no se ponen en juego por detrás.
Defiendo un camino distinto: desarrollo con reglas claras, con fiscalización firme y con respeto por la dignidad humana. Si aspiró a representar al país, lo hago con una convicción: no puede existir progreso nacional si las comunidades pagan el precio con su agua y su salud. Y si el agua es un derecho, entonces protegerla debe ser el punto de partida, no el punto de negociación.
