Las recientes inundaciones y desbordes han ocasionado emergencias en las regiones de Arequipa e Ica, sumadas al bloqueo parcial y colapso de tramos en la Panamericana Sur, no son «castigos de la naturaleza». Son el resultado predecible y recurrente de una abdicación sistemática de las responsabilidades del Estado en materia de planificación territorial y prevención en infraestructura. La gestión de riesgo de desastres se define técnicamente como el proceso sistemático de utilizar decisiones administrativas, organizaciones y capacidades operativas para implementar políticas y estrategias que reduzcan el impacto de las amenazas naturales. Sin embargo, en el Perú, esta definición parece ser letra muerta.
Este artículo analiza, desde una perspectiva técnica y sociopolítica, cómo la falta de capacidad de respuesta y la omisión de obras estructurales perpetúan un ciclo de vulnerabilidad que golpea directamente el bienestar económico y social de millones de ciudadanos, consolidando un patrón de abandono institucional.
El fenómeno del Niño y las Inundaciones: Desastre Crónico
Para entender la magnitud de la crisis, es necesario separar el fenómeno natural del desastre humano. Las intensas precipitaciones y la activación de quebradas en zonas áridas o semiáridas como Ica y Arequipa son eventos climáticos con recurrencia histórica conocida. El desastre ocurre cuando estos flujos de agua y detritos encuentran cauces invadidos, ríos sin descolmatar y defensas ribereñas construidas con deficiencias técnicas.
La vulnerabilidad de estas regiones es una construcción política y administrativa. Durante las épocas de estiaje (ausencia de lluvias), las autoridades de los tres niveles de gobierno omiten sistemáticamente la ejecución de perfiles técnicos complejos que permitirían encauzar los ríos de manera segura. Se opta, en su lugar, por soluciones reactivas y temporales —como el simple apilamiento de rocas— que son rápidamente barridas por la fuerza hídrica de la siguiente temporada. Esta miopía técnica demuestra que la gestión pública está diseñada para apagar incendios, no para prevenirlos.
2. El Espejismo Presupuestal y la Ineptitud Operativa ante las inundaciones
Una de las falacias más comunes en el discurso público es la afirmación de que «no hay fondos» para obras de prevención. La revisión de la ejecución presupuestal a nivel nacional, regional y local demuestra lo contrario. Existen partidas específicas para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; el verdadero cuello de botella es la nula capacidad de ejecución.
Denunciamos aquí un abandono que nace de la inoperancia burocrática y, en muchos casos, de la paralización de obras por investigaciones de corrupción. Los gobiernos regionales y locales carecen de cuadros técnicos capaces de formular expedientes viables para la construcción de represas de contención, drenajes pluviales urbanos o puentes con luces (distancia entre pilares) adecuadas al caudal máximo histórico. El dinero retorna al erario nacional año tras año, mientras los ciudadanos pierden sus medios de vida. Esta ineficiencia administrativa es una forma silenciosa de negligencia de Estado.
3. Vulnerabilidad de la Panamericana Sur ante inundaciones
El impacto de las lluvias trasciende lo local cuando analizamos el colapso de la infraestructura crítica. La Panamericana Sur no es simplemente una carretera; es la columna vertebral logística y comercial que conecta la macro-región sur con la capital y los principales puertos de exportación.
Cuando las inundaciones interrumpen el tránsito en esta arteria, el efecto dominó es inmediato y devastador. Se produce una disrupción severa en la cadena de suministros: los productos agrícolas perecibles de Ica y Arequipa se pudren en los camiones, el abastecimiento de combustible y alimentos básicos se encarece, y la industria se paraliza. Diseñar y mantener una vía de esta envergadura sin considerar sistemas de drenaje transversal robustos o puentes que resistan las inundaciones, y el incremento de los caudales, es un error de ingeniería inexcusable, tolerado por el Ministerio de Transportes y concesionarias durante décadas.
4. El Costo Invisible de las inundaciones: Bienestar y Desarrollo Estancado
Más allá de los balances económicos macro, es imperativo reflexionar sobre el impacto directo de las inundaciones, crecidas y huaycos en el bienestar de los peruanos. La repetición anual de estas emergencias consolida una trampa de pobreza para las poblaciones expuestas.
Cuando una familia pierde su vivienda, sus cultivos o sus herramientas de trabajo bajo el lodo, experimenta una destrucción masiva de su capital, retrocediendo años en su desarrollo socioeconómico. Además, el estancamiento de aguas residuales y el colapso de los servicios de saneamiento detonan crisis de salud pública, exponiendo a la población a enfermedades endémicas.
El Estado falla en su mandato constitucional más básico: garantizar un entorno seguro para el desarrollo de la vida. Obligar al ciudadano a reconstruir su vida desde cero cada temporada de lluvias e inundaciones es una forma de violencia estructural y una evidencia de que el bienestar de las mayorías no está en el centro de las decisiones gubernamentales.
5. Un Compromiso Impostergable con la Vida
Frente a la inercia institucional, la normalización de la tragedia es el mayor peligro para nuestra sociedad. No podemos seguir aceptando que la pérdida de infraestructuras y medios de vida sea el peaje inevitable de vivir en el Perú. Reafirmo una profunda preocupación por el futuro del país y un compromiso irrenunciable con la exigencia de un cambio estructural.
Es momento de concientizar que la prevención de desastres requiere políticas de Estado a largo plazo y una vigilancia ciudadana rigurosa. Exigimos a las autoridades el abandono de la desidia y la adopción de una verdadera ingeniería territorial que respete la geografía. El bienestar de los peruanos exige que dejemos de reconstruir la vulnerabilidad y comencemos a edificar resiliencia.
La vida y el esfuerzo de los ciudadanos no pueden seguir siendo arrastrados por el huayco y las inundaciones y la sistemática del de la negligencia estatal; es nuestro deber cívico exigir que la técnica, la planificación y la integridad guíen de una vez por todas la administración del país.
